Las Estrategias Económicas Regionales en la década de 1930 en Antofagasta
José Antonio González Pizarro*
El trabajo atiende las distintas propuestas formuladas por las asociaciones de industriales y comerciantes de la ciudad, como también las iniciativas provenientes desde el sector público, sea el Municipio o las instituciones para-estatales, tendientes a suplir la gran depresión que afectaba a la entonces provincia, a raíz de los efectos de la crisis bursátil mundial y de la que concernía a la salitrera, coincidentes entre l929-1930, cuyas consecuencias se dejan sentir en el plano social y económico en Antofagasta.
Son de interés las ideas en torno a rescatar la actividad agrícola en la ciudad y su hinterland como también las concernientes a un proceso embrionario de industrialización con antelación a la creación de la CORFO.
Palabras claves: Economía - Agricultura - Región.
This work deals with the various proposals put forward by the Antofagasta industrial and commercial organizations, as well as the initiatives originating in the public sector, both the City Hall and para-governmental institutions. These proposals were directed to lessen the great depression affecting the province at that time, which was due to the world‘s stock market crisis and the crisis that affected the nitrate industry, both of which coincided between 1929 and 1930, and whose consequences had an effect on the social and economic situation of the city. The ideas to save agricultural activity in the city and its hinterland together with those concerning an embryonic industrialization process before the setting- up of CORFO are remarkable
Key words: Economy - Agriculture - Region.
Antofagasta al despuntar la década de 1930 debió afrontar un panorama que constituirá el preludio de diez años que cambiarían la relación de la ciudad con su hinterland, los nexos con un Estado que, constitucionalmente afianzaba el centralismo político-administrativo, y con la emergencia de distintas visiones sobre la economía en una perspectiva regionalista.
Tempranamente, el sentimiento regionalista se dejó manifestar con el surgimiento del Movimiento Constitucional Civilista que aunaría el descontento contra un Poder Ejecutivo que, además de su rasgo de facto conjugaba un descuido respecto de las provincias extremas del país (González; 1998: 215-225). Pero, el primer año de la década sumió a la zona en una crisis socio-económica de enormes magnitudes. No sólo era el fin del sistema Shanks y de la incidencia de la actividad salitrera en el Fisco nacional, sino el arribo de los primeros efectos de la crisis mundial que, con mucha intensidad, se hizo sentir en una zona abierta a los mercados internacionales.
Se ha señalado que ambas crisis se dejaron sentir con mayor rigor el año 1932, con un PGB reducido en un 38,3 %, mientras el nivel de las exportaciones cae en un 78,3% y el de las importaciones en un 83,5% y los volúmenes de exportación de nitrato y cobre caen cerca de un 70% (Meller; 1998: 48).
Nos interesa poner de relieve, no las estrategias nacionales tendientes a buscar soluciones al problema minero- como podría ser la constitución de la COVENSA, con relación a la industria del salitre- (Soto 1998)(1) o las iniciativas planteadas por la CORFO en las postrimerías del decenio, sino las elaboradas por los distintos estamentos de las actividades económicas antofagastinas y del interior, principalmente las relacionadas con Calama y los pueblos precordilleranos. Sin duda que en este contexto hubo problemas que abarcaron la totalidad del territorio. Uno de los más agudos y donde se pudieron visualizar interesantes iniciativas tendientes a conciliar formas presupuestadas en los orígenes de Antofagasta con las nuevas realidades, fue el problema del agua, tanto en el interior de la región como también en la propia capital provincial.(2) El recurso hídrico ha constituido uno de los desafíos de larga duración para todo asentamiento humano en el territorio.
Las actividades a desarrollarse en la provincia durante estos diez años tienen determinados elementos que los van a caracterizar de sobremanera pero a la vez constituyen peculiaridades de este periodo, si lo comparamos con las acciones desplegadas en la década anterior:
1. Una manifestación comunitaria de desamparo por el Gobierno central, evidenciado en la no ejecución de políticas focales de reactivación de las actividades medulares en la provincia y en particular de cada comuna. Así, por ejemplo, una política viable general lo constituía la industria minera pero, en lo singular de cada comuna, se hacía necesario distinguir que, para Calama la definición involucraba las actividades agropecuarias; mientras que para Mejillones las labores pesqueras o cuando se hablase de Taltal o Tocopilla los incentivos a las actividades calicheras de sus respectivos cantones salitreros, marcaban los matices anotados.
2. Las expresiones asociativas en defensa de las ciudades y la sobrevivencia de sus actividades productivas urbanas. En este sentido, el clamor seguirá los delineamientos del Comité de Defensa de Antofagasta, como se puede observar en la fundación del Comité Pro Mejoramiento de Mejillones en el primer lustro de los 30’. En esta perspectiva, se puede constatar una severa fiscalización por parte del Estado de los pasos llevados a cabo por estas instituciones, vía informes confidenciales evacuados hacia la Intendencia y al Ministerio del Interior, que demostrarían otra esfera del control de las actividades llevadas a cabo por el Poder Ejecutivo.(3)
3. La confluencia de los diagnósticos evacuados por los agentes del Poder Ejecutivo, representados en distintos organismos estatales o para-estatales con asiento en comunas, con los emitidos por las respectivas Municipalidades. De esta manera, es posible cotejar los informes del Intendente, de los Gobernadores, de la Inspección de Pesca y Caza de la Provincia, del Instituto de Fomento Minero, del Subdelegado Civil y Marítimo, etc. con los surgidos desde los Municipios.
4. Las propuestas elaboradas por las asociaciones productivas - gremiales de la zona tendientes a plantear estrategias económicas viables desde la perspectiva de la iniciativa privada con el concurso del Estado. En este sentido, se pueden mencionar las elaboraciones sobre la materia surgidas en el seno de la Asociación Minera de Antofagasta o en la Cámara de Comercio de Antofagasta, en 1933.
5. Las iniciativas surgidas desde el seno de los Partidos Políticos y / o Asociaciones Filantrópicas o bien la formulación de ideas factibles desde personas naturales. De esta manera, encontramos planteamientos globales del Frente Popular, para el caso de Taltal, que pueden complementarse con la postura del Rotary Club de esa comuna, o posiciones demarcadas por la Asamblea Radical de Calama que pueden contrastarse con las ideas de particulares para reactivar la actividad económica de los pueblos andinos.
6. El cúmulo de ideas y soluciones esgrimidas por los distintos actores abarcaron materias tan diversas y complejas de la realidad regional que denotan tanto interiorización de los núcleos productivos como certeros diagnósticos parcializados de cada comuna. No faltan los memoriales que atisban el panorama provincial desde una perspectiva de continuidad o bien de innovación sin perder de vista la asunción de la “globalización” de los problemas económicos, máxime tratándose de la minería, con el drama social existente. Como también se dieron cita las reflexiones sobre las políticas nacionales esbozadas por el gobierno en el péndulo del intervencionismo estatal o la salvaguardia de las inversiones extranjeras y la libre concurrencia de capitales privados nacionales en fomentar los centros productivos provinciales.
En este sentido, se debe subrayar cómo se asumen determinados dilemas de la política económica gubernamental según sean las coyunturas políticas.
Puede decirse que la riqueza de las ideas esgrimidas revelan una comprensión, en la mayoría de los casos, sobre la problemática económica -social en el norte que exigía una mirada holística sobre la misma. No es dable omitir las consecuencias de una propuesta en otros ámbitos. De esta manera, encontramos la discusión sobre determinadas iniciativas y cómo éstas conllevan efectos colaterales en distintas comunas y sectores productivos.
Una prueba palmaria de lo aseverado anteriormente la tenemos en el año 1932 en torno a la fuente energética empleada en los vehículos vinculados con las actividades productivas y su eventual reemplazo, lo que derivó en un intercambio de pareceres sobre el modo más eficaz de contribuir al ahorro del país: mantener la tracción animal o seguir dependiendo del combustible para los vehículos motorizados.
La polémica habíase originado sobre la forma de aplicar lo ordenado por el Decreto N° 1264 del Ministerio de Interior, de fecha 22 de abril de 1932, que instruía sobre la necesidad de consumir combustible nacional y por consiguiente que “todas las reparticiones fiscales que consumen petróleo crudo para calefacción o fuerza motriz, deberán transformar sus instalaciones para quemar combustible nacional, como carbón entero, carbón pulverizado, leña, etc”.(4)
La discusión de fondo estribaba en poder solventar las fuentes de trabajo del circuito productivo regional. La Cámara de Comercio de Antofagasta señalaba el 9 junio de 1932 su posición favorable:
“A la adopción de la tracción animal, dentro de los límites urbanos, por las ventajas que ofrece a favor del grave problema de cesantía, permitiendo el empleo de obreros actualmente sin trabajo, ventajas a nuestra industria agrícola por un mayor consumo de forrajes, con el consiguiente aumento de actividades de las faenas marítimas, lanchaje, carretaje, etc. y disminuiría la salida del país las sumas que representan la inversión de repuestos, lubricantes y gasolina. Con respecto al servicio de transporte para el interior de la provincia, la tracción mecánica reemplaza ventajosamente a la animal, razón por lo estima que es insustituible en largas distancias y caminos poco apropiados”.
La opinión de la Subprefectura de Carabineros de Chile de Antofagasta, recogida en el oficio de 20 de junio, apuntaba a que la sustitución de la tracción mecánica por la animal, constituiría:
“Un paso hacia la independencia económica, puesto que serían muchas las firmas extranjeras que no encontrarían mercado en nuestro territorio para la venta de sus artículos mecánicos de tracción y por consiguiente tendrían que desaparecer”.
Opinión no unánime en el cuerpo policial, pues los oficios emanados de sus destacamentos en Tocopilla y María Elena se inclinaban, “aunque sea perjudicial a la economía nacional” por la tracción mecánica, mientras el eje de Calama-San Pedro de Atacama-Chiu-Chiu optaba por la economía y baratura de la tracción animal. El municipio antofagastino se pronunciaba el 30 de junio que no era posible sustituir la tracción mecánica en la provincia y la eventualidad de llevarse a cabo en el radio urbano estaba sujeto “para la carga llamada liviana”. La realidad de las transformaciones tecnológicas operadas en las Oficinas de María Elena y Pedro de Valdivia, aun en la crisis momentánea que afectaba a esta última (estuvo paralizada entre noviembre de 1932 y agosto de 1934), conjuntamente con las innovaciones del mineral de Chuquicamata, hicieron aconsejables que no se reemplazara la tracción mecánica.(5)
Más tarde, hacia 1935 la discusión vuelve a situarse en una problemática consuetudinaria, el abastecimiento de los productos agrícolas desde las provincias meridionales conjuntamente con el tema del transporte marítimo, centrado ahora en los puertos que recepcionaban los navíos, los días que estaban surtos y los compromisos adquiridos con las principales compañías navieras. Problema fundamental tanto para Tocopilla como para Taltal.
La situación importaba dos niveles: el abastecimiento de los productos agrícolas del norte salitrero, especialmente desde el interior de la provincia de Antofagasta, y el poco incentivo que existía para que los navíos pudiesen recalar en Tocopilla y Taltal. Y esta era la posición de las empresas navieras.
La Compañía Sudamericana de Vapores recalaba cada quince días en Tocopilla, cubriendo el 25 % del transporte. La Gerencia de la Compañía hacía notar, que no percibían ningún apoyo de parte del Gobierno hacia la marina mercante, en materias como el alza de las tarifas, todo lo cual se traducía en la supresión de determinados puertos. En noviembre de 1934 señalaba a la autoridad marítima que:
“Si bien es verdad que las oficinas de María Elena y Pedro de Valdivia son servidas por el puerto de Tocopilla, las frutas tropicales que traen nuestros vapores bien pueden ser enviadas por el puerto de Antofagasta, pues el mayor consumo de dicha fruta se encuentra en la zona central especialmente Santiago, y por consiguiente, cualquier demora en el transporte de la fruta hace que ésta madure antes de llegar, motivo éste que nos obliga a acortar los viajes y sacrificar algunos puertos. Naturalmente que si hubiera algún incentivo para una recalada a Tocopilla, se podría estudiar”.(6)
La discusión también se extendía a la competencia de las naves extranjeras en el cabotaje, todo lo cual incidía en el tiempo de permanencia en los puertos. Esto se explica por la distinción de los vapores tipo A y B, siendo los primeros de un itinerario más largo. Los vapores que recalaban en Tocopilla por espacio de una hora y media provenían desde el sur de Chile. Los de tipo B debían acortar la estadía en puertos peruanos y en el norte de Chile para poder arribar en días hábiles a Valparaíso.
Respecto de la situación vivida en Tocopilla, se planteó por la Sudamericana de Vapores, en agosto de 1934, que los vapores de la línea B llegaran hasta Guayaquil para traer las provisiones de plátanos y frutas tropicales hacia Tocopilla. Sin embargo, el problema radicaba, como pudo ventilarse en la sesión municipal de Tocopilla de 20 de noviembre de 1934, con la presencia del Gerente de la Compañía Sudamericana de Vapores, en la adquisición por parte de comerciantes de escasos capitales de toda la oferta de legumbres y verduras que compraban directamente a bordo de las naves las pocas toneladas de productos agrícolas, manteniendo una cantidad limitada para ser distribuida hacia la pampa calichera pero a un precio subido. Se concluía que de seguir esta situación, los navieros se:
“encargarían de establecer ferias en tierra procediendo en todo de acuerdo con las insinuaciones de las autoridades locales, de la prensa y oyendo las voces de los consumidores, esto es, con el sentir verdadero de la opinión pública”.
Las condiciones por las que pasaba Taltal eran de urgente solución. La Compañía Sudamericana no tenía contemplada recaladas fijas en dicho puerto. Se solicitaba todavía, hacia principios de 1939, que pudiese, mediante subvención fiscal, recalar algún vapor para poder abaratar los productos perecibles. Además, hacía notar la Gobernación que los vapores siempre tendrían un poco de carga para el sur, ya sea salitre o sulfato de alúmina.(7)
Se debe hacer mención que el argumento esgrimido por la Compañía Sudamericana de Vapores correspondía con la realidad portuaria.
Durante el decenio de 1930, los vapores correspondientes a líneas nacionales se distribuían para el caso de Antofagasta, con los vapores Aysén, Huasco, Palena, Maipo, Mapocho, Teno, todos de la Sudamericana de Vapores, los que hacían un servicio regular desde el sur los días Lunes de cada semana, desde el norte los días Jueves de cada semana, llevando pasajeros y carga.
La Empresa James y Compañía cubría un servicio quincenal entre Valparaíso e Iquique, disponiendo del vapor Fresia. La Sociedad Anónima Marítima Chilena con un servicio fijo semanal tanto desde el sur como del norte, operaba con los vapores Chile y Taltal. Era un servicio de pasajeros.
La Sociedad Comercial Braun y Blanchard con los vapores Chiloé y Magallanes, cubría semanalmente sólo el servicio de transporte de pasajeros y sólo cuando provenía desde el sur. La Sociedad Anónima Torres, Ward, Ltda y Cía, cubría de modo irregular el tráfico de pasajeros y una vez al mes y con un solo vapor Viña del Mar. La Compañía de Navegación Interoceánica tocaba puerto también de manera irregular, trayendo pasajeros y carga cada quince días, pues su itinerario era más bien con destino hacia Nueva York y puertos argentinos.
Las empresas de menor tonelaje como Martínez, Pereira y Cía. Ltda., la Sociedad Industrial de Aysén y los armadores Latorre y Troncoso, con los vapores Lontué, Castilla, Coyhaique Teresa, transportaban carga y pasajeros de manera no regular.
Entre las líneas extranjeras figuraba The Pacific Steam Navigation Company que mantenía un servicio regular entre Liverpool y Talcahuano, recalando en Antofagasta y Mejillones en sus idas y regresos, empleando los vapores Reina del Pacífico, Corbita, Orduña y Cropesa. Grace Line tenía dos líneas de vapores, una servida por las motonaves Santa Rita y Santa Inés, las que recalaban cada quince días en Antofagasta, procedentes desde Nueva York y, otra compuesta por las motonaves Santa Lucía, Santa Clara, Santa Bárbara y Santa María, las que transportaban pasajeros y carga que proseguían hacia el sur, deteniéndose en Chañaral y Valparaíso. La Compañía de Navegación Italia, sólo destinaba un servicio mensual regular con las motonaves Orazio y Virgilio. Las Compañías de Navegación Alemanes poseían dos líneas de navegación que cubrían el trayecto desde Europa hasta el Corral, tanto de servicio de pasajeros como de carga. Una de ellas, la Norddeustcher Line, tres de sus vapores, Dusseldorf, Osnbruck y Muenchen, llegaban mensualmente hasta el puerto de Antofagasta; la otra línea, la Hamburg America Line, dos de sus vapores tipo Roda o Rhakothis, pero sólo dedicados al transporte de pasajeros provenientes desde Europa.
La Compañía de Navegación Holandesa lo hacía con dos vapores al mes pero de modo irregular y al transporte de pasajeros con destino al extranjero.
La Compañía Francesa de Navegación no tenía un circuito regular, y se dedicaba al cargamento de minerales y cobre y llevar pasajeros hacia el exterior.
Las Compañías Japonesas de Navegación con un trafico también irregular cada dos a tres meses aparecían sus vapores conduciendo pasajeros hacia San Francisco de California.(8)
El tráfico y su frecuencia como las rutas de destino hacían difícil tentar soluciones fuera del ámbito de las compañías navieras nacionales.
Los disímiles planteamientos surgidos en la provincia fijaron por ende estrategias económicas globales y particulares para el espacio regional que, podemos agruparlas en tres puntos esenciales:
1. La reactivación de la minería metálica y no metálica, aprovechando todavía la gravitación de la industria salitrera en determinados espacios comunales.
2. Una política de fomento industrial, basada en las fortalezas comunales y regionales, lo cual significó la distinción de las categorías industriales a implementar asociadas con sus respectivos espacios económicos complementarios, sea al interior de la provincia o en su espacio marítimo.
3. Un inesperado planteamiento en torno al fortalecimiento de las actividades agrícolas de la precordillera y en el incentivo para las labores agropecuarias al interior de la capital provincial.
Sobre el primer punto, encontramos la explanación de interesantes proyectos que las entidades de la ciudad de Antofagasta van a plantear a las autoridades políticas. Así, la Cámara de Comercio de Antofagasta, en un extenso informe de noviembre de 1933, expuso el factor decisivo de la minería en toda la economía regional, aduciendo tanto el valor comercial de su explotación como la variedad de concentraciones mineras con que se contaba, a saber, oro, plata, cobre, azufre, varias sales, como sulfato de soda, de alúmina o de calcio.
Para los comerciante, el decaimiento de esta gravitante actividad obedecía a causas muy concretas: falta de recursos para financiar una explotación rentable, dirección técnica, falta de agua, caminos, todo lo cual obligaba a emprender un plan de acciones que diera cuenta de una solución global.
Entre las medidas esbozadas por la Cámara de Comercio figuraban:
1. Que se destine la suma necesaria en la Ley de Fomento a la Producción, como base indispensable a favor de su desarrollo, entregando su distribución y fiscalización a un Consejo que podría estar compuesto por el Intendente, que lo presidiría, por los Ingenieros de la Superintendencia del Salitre y del Departamento de Minas, por el Agente del banco Central de Chile, por el Abogado de la Defensa Fiscal, por un miembro designado por la Cámara de Comercio y por un representante elegido por los industriales de la Provincia.
2. Desarrollo de un vasto plan caminero, lo que permitiría la fácil conducción de los metales, desde las faenas a la línea férrea más cercana o red central de caminos fiscales.
3. Que el gasto que demande la construcción de los caminos particulares o desvíos sea pagado por los industriales con el 50% al contado y el resto con un porcentaje del valor de los metales vendidos o lo que fije oportunamente.
4. Que el Consejo, al tener las facultades de distribuir y fiscalizar los fondos, tendrá también bajo su responsabilidad la resolución de las solicitudes que se le presenten para la construcción de caminos o desvíos particulares, siendo asesorado por el Ingeniero de la Provincia.
5. Que todos los dineros provenientes de la Ley Nº 4851, o sea de la Ley de Caminos, cuyo presupuesto alcanza para el próximo año a $ 1.500.000, sea invertido totalmente para el objeto indicado, ya que en la región no hay puentes que construir ni mejorar y para los cuales la indicada ley señala un 40% del presupuesto aludido.
6. Que la Caja de Crédito Minero importe las herramientas y demás elementos que no se producen en el país, como camiones, repuestos, aceites lubricantes y bencina, etc., los que serán vendidos por dicha institución a los industriales que los necesiten y que éstos no podrán enajenar sino a otros industriales mineros, en cuyo traspaso la Caja tendrá intervención fiscalizadora. Para la Cámara de Comercio, la no aceptación de esta propuesta debería paliarse entonces a que el Banco Central otorgue a los industriales mineros las divisas necesarias para la importación de los materiales indicados, o bien, que el Gobierno los declarara libres de derechos de internación.
7. Mejorar las leyes en lo que respecta a los juicios sobre constitución de los títulos de la propiedad minera, especialmente en las mensuras y manifestaciones.
8. Que se dieren instrucciones a la Superintendencia del Salitre para que se permita aprovechar la explotación de minerales que se encuentran sobre las capas de caliche sin romperlas, tales como sulfato de soda, de magnesia, de potasio y de calcio, en los terrenos de dominio fiscal.
9. Que se modificaran las leyes sociales en las faenas mineras cuyas bondades son reconocidas, pero que constituyen una grave dificultad para los industriales que se ven constantemente amenazados y explotados por la mala fe de ciertos elementos que llegan a una faena en busca de trabajo y que, con uno o dos días de pésima labor y aprovechamiento, basándose en cualquiera disposición de la Ley pedían indemnizaciones, lo cual obligaba a los propietarios o encargados de las faenas a trasladarse al puerto para atender las demandas que se les hace ante los Tribunales del Trabajo, con el consiguiente perjuicio para sus intereses.
10. Que se establecieran, mediando un urgente estudio de los técnicos, plantas refinadoras de azufre y beneficiadoras de metales en los centros aproximados a las faenas respectivas.
Señalemos que el problema salitrero mereció una especial mención, toda vez que en el Congreso Nacional se debatía el denominado Proyecto Salitrero, pues para la entidad gremial era necesario poner en funcionamiento algunas de las oficinas salitreras y, “esta aspiración de Antofagasta” se podía cubrir con que se encendieran las chimeneas de “por lo menos dos de las Oficinas que pertenecen a la Compañía de Salitres de Chile”.
Sin embargo, el tema salitrero había dividido a las asociaciones gremiales y a las autoridades de la provincia. Y por ello, desde el momento que se presentó la crisis salitrera, la Cámara de Comercio abogó por una intervención estatal que favoreciera la continuación de las faenas de algunas oficinas salitreras, aun cuando la discusión pasaba por la modalidad tecnológica. No escapaba a la población y a las autoridades que el derrumbamiento del sistema Shanks y la emergencia del Guggenheim en las oficinas de María Elena y Pedro de Valdivia incidía en la reactivación del sector. Tal situación agregada al aumento del stock de producción de abonos y la política implementada de fijar cuotas de producción había afectado mayormente a unos que a otros cantones salitreros. Y en esto el desencuentro era también con el Ministerio de Hacienda.
En efecto: para algunos no se podía emprender la reactivación de la industria con el sistema Shanks. Para los comerciantes, dicha opinión la suscribía la primera autoridad de la provincia, pero para éstos,
“la paralización de las oficinas, constituye la muerte de Antofagasta y con ello, la ruina total de sus habitantes e indirectamente, una gran pérdida para el erario nacional. El pueblo de Antofagasta, se ha formado y desarrollado alrededor de la industria salitrera, con su esplendor, se ha engrandecido y es hoy, orgullo del país y el más vivo exponente del patriotismo y virilidad de nuestra raza.”
En la comunicación dirigida al ministro de Hacienda, le señalarían que:
“Antofagasta tiene tanto derecho como los pueblos del Sur a que se arbitren medidas y dicten leyes para su defensa. Ayer no más, Señor Ministro, se pagó una suma fabulosa por la compra de las oficinas a la ex Compañia de Salitres de Antofagasta, las que, sin lugar a dudas, constituyen lo mejor de la industria, últimamente otra Compañía compró en una cantidad también fabulosa, las mismas oficinas; las que hoy Señor Ministro, se notifica a la Ciudad, que no volverán a trabajar. Nada importaría que se decretara la clausura total de las valiosas oficinas, en beneficio de la Industria, si ello, no entrañara la ruina de Antofagasta, su Comercio, su Industria y la de sus habitantes”.
La misiva del ministro de Hacienda atendía a contrastar las tecnologías en la pampa salitrera, pues:
“el sistema Guggenheim es más eficiente que el sistema Shanks, porque permite aprovechar mejor los yacimientos salitrales, lo que tiene como consecuencia, muy importante, el aumento de nuestras reservas. Y, además, se obtiene con él un menor costo de producción. Pero esto no significa que todas las plantas Shanks van a dejar definitivamente de producir, pues hay pampas que por su ubicación o por la cantidad de salitres que contienen, nunca podrán ser tratadas por el sistema Guggenheim”. (11)
Había un importante número de Oficinas que todavía seguían bajo el sistema Shanks en toda la región salitrera, o sea en las provincias de Tarapacá y Antofagasta.
De esta forma, el planteamiento del asunto salitrero quedó sujeto a la mantención de cuotas de producción, donde Antofagasta recibió el porteo de una parte de la producción de la Oficina de Pedro de Valdivia.(12) El beneficio acarreado hacia el cantón del Toco no se extendió hacia otros ámbito salitreros, como fue el caso de Taltal. Sus autoridades solicitaron el aumento de la cuota salitrera para poder suplir la crisis económica y social. La variación positiva de la cuota significaba poner en funcionamiento la oficina Alemania, de la Compañía Salitrera Tarapacá y Antofagasta y esto significaba dar trabajo a tres mil hombres y contar con una cuota de doce mil toneladas mensuales.(13)
Abordar la problemática minera implicaba, como se ha visto, atisbar las inversiones en otros sectores de la economía nacional. No había duda alguna que uno de los soportes era la infraestructura vial. Su mejoramiento e incluso el acrecentar la red caminera iba en apoyo directo a la minería, pues incidía en los costos de transportes desde los yacimientos hacia los puertos de embarques para colocar la producción en mercados internacionales. El reclamo de Taltal, en este escenario, era legítimo, dado que no poseía caminos que lo conectaran con su hinterland, sino “huellas que son susceptibles de ser destruidos por el constante tráfico en poco tiempo”. Y esto constituía todavía un lamento hacia las postrimerías de la década.
Hacia 1931 el Gobierno nacional apoyaba la idea de construir un camino que uniera Tocopilla y Antofagasta, pues se apostaba a que la región de Tocopilla “será la que tenga más movimiento de trabajo y de comercio”.(14) La iniciativa mereció la observación del Comité Pro Mejoramiento de Mejillones que cuestionó que no se utilizara la quebrada de Nahuayán en el arreglo del camino hacia Tocopilla en pos de la conexión con Antofagasta. El argumento era que:
“por la quebrada de Naguayán existe una huella carretera aprovechaba en toda su extensión, con un pequeñísimo arreglo esta huella pondría en actividad a una vasta región mineralógica que por falta de medios de locomoción i al excesivo costo del agua se encuentra hoy paralizada”.(15)
Las ideas esgrimidas por la Cámara de Comercio de Antofagasta fueron apoyadas, con antecedentes locales, por el Rotary Club de Taltal.
Para esta institución no podía esperarse más la reactivación del Departamento de Taltal, al tenor de la magnitud de la crisis. Taltal tenía una riqueza minera metálica y no metálica y para su empuje era necesario un apoyo al pequeño y mediano minero con elementos mecánicos y técnicos. Las minas en explotación podían dar cuenta cabal de la significación de esta actividad en el perfil social y económico de la comuna. Las minas auríferas Reserva, San Dámaso, Trinidad, Telegrama, Flor 1, Flor 2, Flor 3, Paloma y Berta tenían una producción de 250 toneladas de minerales con leyes entre 20 y 60 gramos por tonelada. Lo mismo acontecía en los minerales de Huanillos y la Despreciada. La distribución de los minerales distante tanto en kilometraje como en altitud ofrecía enormes posibilidades de acoger a obreros cesantes, con un mínimo de apoyo estatal. Esa era la apuesta de Taltal con los minerales a 600 metros de altura y distantes entre 30 y 50 kilómetros como la isla, Pingos, La Isleña, Sierra de Septiembre, Librillos, Murallón, o los ubicados a 1.600 metros de altura y a 92 kilómetros sur- este, donde se destacaba el de Sierra Overa. Puntuales problemas de comunicaciones obstaculizaban una mejor explotación de los minerales de Paranaves, Andacollo, Modane, a 600 metros sobre el nivel del mar y a 90 kilómetros de Taltal.(16)
La posición de la Asociación Minera de Antofagasta, cuya gestación fue debida al Intendente Gustavo Schele, en junio de 1933, apuntó a una conjunción de acciones que deberían implementar una congruente estrategia de reactivación minera. En esta convergencia podemos hallar las demandas de productos mineros conjuntamente con medidas financieras e industriales y las iniciativas legales imprescindibles que deberían complementar lo primero.
La exposición de los mineros de la región permite apreciar las acciones concretas que peticionan al Director de la Caja de Crédito Minero y que en los años siguientes pudieron practicarse, a saber:
1. Que se establecieran Plantas de Beneficio de oro, azufre, cobre y sulfato de soda.
2. Que se instalaran oficinas compradoras de minerales por cuenta directa de la Caja y no ocupando intermediarios, como era la práctica usual hasta el momento.
3. Que se procurara el abaratamiento de los elementos de explotación, como ser: dinamita, pólvora, fulminantes, guías, repuestos de camiones, gasolina, acero y demás materiales necesarios en las faenas mineras.
4. Que se instale una Planta de ácido sulfúrico.
5. Que se amplíen hasta $ 10.000 los préstamos a los mineros menores, simplificando en cuanto sea posible, la tramitación de estas solicitudes, a fin de que los auxilios se otorguen sin dilación. El fundamento de esta petición, para la Asociación, era elevar de $ 5.000 a $.10.000 los préstamos en las provincias del Norte, en atención a que el problema del abastecimiento de los mineros de la zona del desierto, es bastante diferente al de los que actúan en el resto del país, y también, en consideración a los altos jornales que siempre se han pagado en estas inhospitalarias regiones.
6. Que se practiquen las diligencias necesarias a fin de obtener que el Departamento del Material de Guerra, Sección 7º del Ejército (Fábrica de Cartuchos), produzca fulminantes y guías para el uso de la minería, abasteciendo así, a bajo costo de estos artículos, a esta importante rama de la industria nacional, en todo el país. A la fecha, apostillaba la Asociación, estos elementos de trabajo se cotizan en el comercio a un valor elevadísimo, que afecta enormemente los costos.
7. Que el Gobierno aborde de una vez el problema de la obtención de la dinamita a un precio razonable, ya sea haciendo un arreglo con los productores nacionales o modificando el derecho de internación de la dinamita extranjera. En la actualidad, hacían notar los mineros, las empresas mineras se encuentran seriamente amenazadas por el encarecimiento de este explosivo.
8. Que se declararan como artículos de primera necesidad, la dinamita, fulminante y guías con el objeto de que el Comisariato de Subsistencias y Precios, fije los que en realidad les corresponden.
9. Que el Gobierno ampliara sus compras a minerales de plata y cobre.
10. Que se regularice y controle el muestreo de los minerales que se venden, adoptando esta medida mientras la Caja pueda instalar a otras empresas dedicadas a esta misma actividad.
11. Que no se exigiera a los mineros que soliciten préstamos, ningún pago por el informe y muestreo de sus minerales, siempre que el Ingeniero regional estimara que la mina es de importancia.
12. Que se ordene la construcción de las Plantas que fueron propuestas por el Sr.Ingeniero Regional de Antofagasta y que ya han sido aceptadas por la Caja, para las cuales se cuenta con los fondos de la ley recién promulgada.
13. Apoyar el plan de “habilitación minera”, para el trabajo de minas, elaborado por el Sr.Ingeniero Regional de Antofagasta.
14. Imponer a la Dirección de la Caja de Crédito Minero de la importancia de los yacimientos minerales de la provincia, oyendo previamente al Sr. Ingeniero Regional, quien por su preparación y conocimiento que tiene de ellos, puede proporcionar su ilustrada opinión.(17)
Registremos que la Caja de Crédito Minero había sido creada por Ley Nº 5.617 de 27 de diciembre de 1928 y en octubre de 1930 pasó a depender del Ministerio de Fomento, teniendo como finalidad el “fomentar la explotación y el beneficio de toda clase de minerales existentes en el país” (Nienhuser1931, 89). En materias legales el primer lustro del decenio fue fértil en el campo minero, aun cuando no satisfacieran las expectativas de los peritos. En tiempo del Gobierno de Carlos Ibáñez, en enero de 1930, se había promulgado un nuevo Código de Minería, reemplazando al de 1888. Si bien, el nuevo cuerpo legal amplió el número de sustancias metalíferas que eran susceptibles de ser denunciables y que ahora podían ser beneficiados. No hubo de pasar dos años, cuando un nuevo Código de Minería fue sancionado, el 24 de agosto de 1932, que declaró que todo mineral era denunciable y en “materia de constitución de la propiedad minera, volvieron a las dos etapas de las Ordenanzas de Nueva España, manifestación y mensura obligatoria”.(18)
El Código de 1932 posibilitó la aparición en la ciudad del Boletín Oficial de Minería de Antofagasta, en el año 1933, que constituyó el barómetro de la actividad homónima en la región, donde se dieron a conocer tanto el “Cartel de Mensura” como el propio “Cartel”, que exigía el Título V del Código de Minería.(19)
En el contexto de las ideas expuestas se debe consignar la decidida acción que le cupo al Comité de Defensa de Antofagasta que, fundado el 11 de diciembre de 1935, planteó una estrategia de mancomunar esfuerzos con otras ciudades, entre otras Valparaíso, donde delegó un representante ante el Comité de Defensa de Valparaíso, pero también estrechar los contactos con las autoridades provinciales(20)
Dentro de las actividades desplegadas y que merecieron el seguimiento policial está la elaboración de un Proyecto de Ley que contemplando diez artículos consagraba un proceso de industrialización unido con el fomento y proyección de la minería. Aquello significaba avanzar en acciones concretas que deberían perfilar aún más el rol del Instituto de Fomento Minero en la provincia. Para el Comité de Defensa de Antofagasta debería liberarse de tributos a los industriales chilenos que instalaban tanto en Tarapacá como en Antofagasta nuevos establecimientos industriales “que tengan por base el empleo de materias primas o productos naturales regionales”. Las franquicias se extenderían al uso gratuito de terrenos fiscales suburbanos, a la liberación de derecho de internación para maquinarias, herramientas, repuestos. Liberación de impuestos en las materias primas que se ocupen en complementar la producción industrial, además de declarar exentos de impuestos y contribuciones: de la primera categoría sobre bienes raíces, impuestos sobre las cuotas o dividendos pagados por las empresas productoras a sus socios y accionistas. El artículo 3 extendía este beneficio a los industriales o asociados extranjeros establecidos en Chile por más de tres años y que tengan a lo menos el 60% de su capital declarado y de sus reservas invertidas en el país.
Estas franquicias debían ampliarse a los industriales de la pesca y sus derivados, a la pequeña industria, etc.
Finalmente, debería crearse una Junta Industrial en cada una de las provincias de Tarapacá y Antofagasta, “que tendrá por objeto informar las solicitudes de los industriales que deseen acogerse a los beneficios de la presente ley”.(21)
Estas iniciativas propendían a acrecentar el número de industrias domicialiadas en Antofagasta, donde, en las industrias fabriles, se contaba con la Compañía Sudamericana de Explosivos, Fábrica de Productos Químicos, la Sociedad Chilena Elaboradora de Sales, la Compañía de Gas de Antofagasta, además de empresas azufreras, sulfateras y fábricas de bebidas.
Podemos indicar que las distintas propuestas concernientes a la minería rescataron, en gran medida, la confianza que se tenía depositada en las labores del Instituto de Fomento Minero y no se percibía hacia 1939 el papel de la Corporación de Fomento a la Producción- CORFO- dado que “ no le ha dado a la minería de esta provincia la importancia que en realidad tiene, asignándole sumas insignificantes que no guardan relación con las riquezas que Antofagasta encierra”.(22)
Concluyamos esta presentación de las estrategias endógenas que la región postuló, deteniéndonos en lo pensado sobre la actividad agrícola.
Desde 1928 el Comité Pro Colonización Agrícola de Antofagasta había planteado de manera visionaria una reconquista de aquella actividad primaria en toda la provincia. Estas mismas ideas las iba a asumir la Caja de Colonización que ante el déficit de divisas salitreras visualizaba en un programa agrícola un paliativo ante la situación social y económica surgida por la crisis doble que azotaba a la provincia de Antofagasta.
El problema de la actividad agrícola, de cierta importancia en el interior de la provincia, principalmente en los oasis de Calama y San Pedro de Atacama, iba estrechamente unido a los recursos hídricos que, si bien existía una reglamentación que afianzaba un régimen diferencial en cuanto al uso consuntivo de las aguas, la creciente faenas mineras y salitreras iban demandando una mayor cantidad no sólo de mercedes de aguas sino de caudales destinados a tales actividades, en desmedro de la labor agraria que, dicho sea de paso, así lo contemplaban los reglamentos de aguas de 1913 y 1920 referidos especialmente a la provincia de Antofagasta (Tala y González; 1996: 101-176).
En cuanto a la ciudad capital provincial, su Alcalde Dr. Humberto de Ramón, entre 1935 y 1938, se manifestó firme propulsor de retomar las actividades agrícolas. Así, el ya tradicional abastecimiento de productos de primera necesidad, provenientes desde el Norte de Argentina desde los siglos coloniales y que ahora sufrían las vallas aduaneras y la resistencia de las provincias agrícolas nacionales, podía ser suplido en gran medida fortaleciendo las tierras cultivables del interior de Antofagasta y las propias quintas y huertas de la ciudad que, para entonces, avanzaban hacia la quebrada de Carrizo por el sur y hacia el kilómetro 13 de la quebrada del Salar del Carmen por el norte. En su concepto, podían reciclarse las aguas servidas de Antofagasta para la ampliación de los jardines, con huertos de higueras, diversas hortalizas, todo lo cual no sólo mejoraría el consumo local sino que daría una “buena vida a la población”, solucionando la emigración de sus vecinos, al tenor de la bonanza o crisis de la minería.
Para el Alcalde de Ramón, para que la ciudad tuviera “vida propia” era imprescindible asegurar la ampliación de las zonas de cultivos precordilleranos. Estas pasaban por dos problemas que el Ministerio de Agricultura, en 1934, sintetizaba en: mejoramiento de las aguas y el embalse de ellas. De esta forma, podían superarse determinados obstáculos estructurales de la economía de subsistencia no sólo atacameña sino calameña para atender a los mercados de la costa nortina.(23)
Cabe puntualizar que los obstáculos evidenciados en Antofagasta, referidos a la agricultura y los recursos hídricos, eran muy similares a los existentes en Tarapacá, donde se habían sacrificado las labores agrícolas en pos del abastecimiento de agua para Iquique (Castro; 1993).
Así, Antofagasta y su región, había desplegado distintas gestiones y propuestas para cimentar un desarrollo económico y social desde las fortalezas que poseía la zona, mancomunando las visiones privadas con las de los sectores públicos. Importa señalar que las ideas debatidas reflejaban meridianamente el sentir de la comunidad regional que veía postergadas soluciones concretas no sólo al problema salitrero, sino a otras medidas que se aguardaban del gobierno, para poder hacer frente al colapso económico y sus consecuencias sociales y políticas en el territorio del desierto de Atacama.
La formulación de una verdadera estrategia global apuntó a hacer valer la viabilidad de la economía agraria, imprescindible para la subsistencia de la población costera y de los asentamientos calicheros, pero también a estructurar un take off de las potencialidades urbanas, como eran las peticiones de dar los marcos legales y tributarios imprescindibles para un proceso de industrialización.
Todo ello, conjuntamente con un plan que conciliaba la discusión energética, los recursos hídricos, y una red caminera, debería fomentar y consolidar al elemento motriz de la economía regional: la minería.
Esta estrategia se pudo plantear en un contexto de fuerte sentimiento regionalista y de una mancomunidad de la población y los sectores productivos de mayor influencia en los destinos de la urbe y la zona. Defender la ciudad, fomentar políticas endógenas de fortalecimiento de la economía de la provincia, consolidar la población en dicho territorio, constituyeron la tríada que permitió cohesionar a toda la población, más allá de las diferencias naturales en la contienda política, pero, asimismo, traducir el debate de la orientación de la política económica nacional que giraba gradualmente desde un liberalismo económico hacia un mayor intervencionismo del Estado.
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Notas
* Historiador. Universidad Católica del Norte.Correo electrónico: jagonzal@ucn.cl
(1) Este autor trata extensamente la crisis salitrera y de 1930 , la creación de la COSACH y de COVENSA, no sólo con relación con la economía nacional sino con la realidad nortina.
(2) Para la problemática del agua en la zona, en lo que atañe a la situación precordillerana (González Pizarro, José A; 1998: 39-62). Y en lo que respecta a la ciudad de Antofagasta, a lo que hemos expresado en “Desde el Reglamento para el consumo gratuito de agua potable de Antofagasta de 1926 hasta el proyecto de ley sobre agua potable de la provincia de Tarapacá y Antofagasta de 1943”,Revista de Derecho de Aguas, 1998, Vol. 9.
(3) La acción emprendida por la Jefatura Provincial de Investigaciones de Antofagasta abarcó no sólo las actividades políticas legales, también, como era de suponerse, las ilícitas, como asimismo las acciones sindicales, sobrepasando incluso las esferas al “infiltrarse” en instituciones como el Rotary Club y, en lo que nos interesa subrayar en las sesiones del Comité de Defensa de Antofagasta, como puede apreciarse en el Memorándum Reservado N° 54, de fecha de 25 de Junio de 1935, dirigido al Intendente sobre las iniciativas legales emprendidas para el fomento de la industrialización, surgido en el seno del Comité de Defensa de Antofagasta. Archivo Nacional: Archivo de la Intendencia de Antofagasta, Volumen 151. Durante el periodo constitucional de 1932- 1938 también se ejerció una dura censura a los medios de prensa de la provincia de Antofagasta, afectando incluso a los que constituían en el lenguaje de la época, periódicos serios y bien intencionados (González; 1999: 687-699).
(4) El Decreto N° 1264 del Ministerio del Interior, de 22 de abril de 1932, proviene del Archivo de la Intendencia de Antofagasta, Volumen 110.
(5) Los distintos oficios citados, de la Cámara de Comercio, de la Subprefectura de Carabineros de Chile de Antofagasta, de la Municipalidad de Antofagasta, provienen del Archivo de la Intendencia de Antofagasta, Volumen 104.
(6) Oficio de Raúl Rivera Blin, Gerente de la Compañía Sudamericana de Vapores, Valparaíso, 10 de noviembre de 1934, al Director del Litoral. Archivo de la Intendencia de Antofagasta, Volumen 149.
(7) “Memorándum que el Gobernador de Taltal lleva en cartera para tratarlo con el Sr. Intendente de la Provincia en su visita a Antofagasta a prestar el juramento. Enero 5 de 1939”. Archivo de la Intendencia de Antofagasta, Volumen 206.
(8) “Memoria de la Capitanía de Puerto de Antofagasta. Año 1937, Cuadro Nº 11 Vapores de Pasajeros con carrera establecida que recalan en el puerto de Antofagasta”, Archivo de la Intendencia de Antofagasta, Volumen 149.
(9) “Exposición de la Cámara de Comercio de Antofagasta, de 7 de Noviembre de 1933, al Intendente de la Provincia”. Lleva las firmas de Félix Durán Alba, Presidente, José López, Vicepresidente; Luis Zelaya, Tesorero; Antonio Luksic, Eugenio Vidal de la Fuente, Oscar Riesle, John G.Macfarlane, Ricardo Adriazola, Directores, y Julio C. Latorre Latorre, Secretario. Archivo de la Intendencia de Antofagasta, Volumen 149.
(10) Oficio de la Cámara de Comercio de Antofagasta, de 24 de febrero de 1931, al ministro de Hacienda. Archivo de la Intendencia de Antofagasta, Volumen 94.
(11) Oficio del ministro de Hacienda, Santiago, 24 de marzo de 1931, al Presidente de la Cámara de Comercio de Antofagasta. Archivo de la Intendencia de Antofagasta, Volumen 94.
(12) Oficio de H.R.Graham, Vice-Presidente de la Compañía de Salitres de Chile, Antofagasta, 9 de octubre de 1931, al Intendente de la Provincia. Archivo de la Intendencia de Antofagasta, Volumen 94.
(13) Oficio de G.H. Meza, Taltal, 9 de enero de 1939, al ministro del Interior. Archivo de la Intendencia de Antofagasta, Volumen 206.
Contenidos que se regrendaban con lo expuesto por el Gobernador de Taltal (Infra nota 8), que hablaba de cuotas imaginarias, pues “ parte de su exportación se realiza por otra parte, tanto en Antofagasta como en Iquique…No es gracia que María Elena o Pedro de Valdivia nos quite tres o cuatro mil toneladas mensuales. En consecuencia, no deben ser transferidas las cuotas” (Bermudez, Oscar; 1984; Garcés Feliú, Eugenio, 1988; González Pizarro, José A., 1998; Panadés, Ottorino; 1997).
(14) La importancia de este vasto plan de obras camineras dependía de sobremanera de la Jefatura del Servicio de Caminos y más todavía de la presencia de un Ingeniero fiscal en la Provincia, dependiente de la entidad mencionada. De ahí, el celo mostrado por las entidades empresariales de Antofagasta en la continuidad del Ingeniero y máxime si se había involucrado “con gran interés y celo” en la ejecución del plan caminero.
Cf.Oficio de la Cámara de Comercio de Antofagasta, 9 de mayo de 1931, al Intendente de la Provincia. Archivo de la Intendencia de Antofagasta, Volumen 94.
(15) Exposición del Comité Pro Mejoramiento de Mejillones al Intendente de la Provincia, año 1933. Firman el documento Miguel Krstulovic, Presidente, Víctor Domingo Bañados, Secretario. Archivo de la Intendencia de Antofagasta, Volumen 147.
(16) Exposición del Rotary Club de Taltal, 22 de julio de 1934, al Intendente de la Provincia. Archivo de la Intendencia de Antofagasta, Volumen 147.
(17) Exposición de la Asociación Minera de Antofagasta, 14 de julio de 1933, al Director de la Caja de Crédito Minero. Firman Carlos de la Fuente G., Presidente y Aníbal Echeverría B., Secretario. Archivo de la Intendencia de Antofagasta, Volumen 147.
(18) Julio Ruiz Bourgeois, Instituciones de Derecho Minero Chileno, Editorial Jurídica de Chile, 1949, Tomo I, 29. Sobre el Código de 1930, lo señalado por Germán Nienhuser, Legislación de Minas de Chile (1931.50-51).
(19) Véase, lo que hemos anotado en “El Boletín Oficial de Minería de Antofagasta y el momento histórico de la actividad extractiva en los añ os 30”, Vertiente. Revista de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Geológicas, Universidad Católica del Norte, Antofagasta, 1999, Nº14
(20) Comunicación del Comité de Defensa de Antofagasta, 14 de diciembre de 1935, al Intendente de la Provincia. Firman Félix Durán Alba, Presidente; Luis Zelaya, Delfín Golswoorthy, Vice-presidentes; Gregorio Oxman, Secretario; Juan C. Latorre, Secretario. Archivo de la Intendencia de Antofagasta, Volumen 147.
Las actividades del Comité se desplegaron con antelación a lo señalado al Intendente, pues ya en octubre de 1935 vio luz el opúsculo Comité de Defensa Antofagasta. El salitre y los puertos salitreros. Informe de la Comisión Félix Durán A. Julio Morin y Martín Cerda. Imp.Lemare,Antofagasta, demostrando gran capacidad para ventilar en toda su complejidad los asuntos mineros, como puede contrastarse también en el Boletín Nº 1 del Comité de Defensa de Antofagasta, de Abril de 1936. Véase, también supra nota 23
(21) En reunión del 21 de junio de 1935 el Comité presidido entonces por Ricardo Adriazola, que será designado más tarde delegado ante Valparaíso, se presentó el proyecto de ley que sería remitido al ministro de Fomento. Su conocimiento se debe al Informe Reservado de la Jefatura Provincial de Investigación, de 25 de junio de 1935. Infra nota 4.
(22) Oficio de la Asociación Minera de Antofagasta, 9 de octubre de 1939, al ministro de Fomento. Firman Delfín Golsworthy, Presidente, C.Silva, Secretario. Archivo de la Intendencia de Antofagasta, Volumen 207.
(23) Una exposición global de los recursos hídricos y la actividad agraria en este periodo, la presentamos en “Recursos hídricos, modernización y comunidad atacameña. La coyuntura de los años 30”, II Jornadas de Derecho de Aguas, Pontificia Universidad Católica de Chile, 15-16 de Noviembre de 1999. En vías de publicación en Revista de Derecho Administrativo Económico, Pontificia Universidad Católica de Chile.