Carlos Donoso Rojas, Aguas de Iquique desde tiempos precolombinos hasta 1912, Santiago, Universidad Bolivariana, 2003, 132 págs.
Si bien este libro se editó con anterioridad a Recopilación de fuentes bibliográficas para la historia de Iquique (2004), comentado en el número anterior de esta revista, creo necesario referirme a él por cuanto constituye el primer trabajo historiográfico de mayor envergadura emprendido por el historiador Carlos Donoso sobre un tema que ha trabajado rigurosamente durante los últimos años, tal como lo demuestran los artículos y la participación en congresos y conferencias en el país. Más aún si consideramos que durante el 2006 Donoso publicará un nuevo estudio sobre la historia de Iquique que, tenemos entendido, será la primera parte de su tesis doctoral aún en desarrollo.
No es posible comprender la instalación y el desarrollo de cualquier asentamiento humano, parte señalando este investigador, sin la presencia siempre benéfica del agua en tierras desérticas, más aún cuando la aridez y la inhospitalidad norteña de la primera región de Chile impedían que la ciudad de Iquique tuviera un desarrollo demográfico creciente, lo que incidía por supuesto en los magros niveles de producción local, imposibilitando por consiguiente el asentamiento definitivo de trabajadores, mineros y empresarios chilenos o extranjeros que estuviesen dispuestos a arriesgar sus inversiones cuando no podían asegurar su retorno económico.
Por lo anterior, debido a su escasez y a la constante dificultad de proveer de este suministro, la comercialización del agua fue un ejercicio lucrativo -si es que se administra adecuadamente, por supuesto, como todo negocio-, lo mismo que el nitrato. Por eso interés de apropiarse de los derechos exclusivos para su explotación y distribución, asegurando además abastecimiento para el resto de las otras actividades productivas que se desarrollaban paralelamente, conformando de esta manera un acaparamiento casi exclusivo del agua en beneficio de sus propios intereses, generando de inmediato un creciente malestar entre los habitantes de las ciudades, quienes, una vez superado el entusiasmo de disponer de agua potable (tal como aseguró Tarapacá Water Works Company Limited al momento de presentar su proyecto), tendrán una actitud de franca hostilidad hacia la compañía británica que no respetará los precios, burlará los controles de los medidores y además otorgará un servicio cada más deficiente. En esas condiciones deficientes surgió la voluntad de la Municipalidad de la ciudad, por intermedio de la organización fiscal central, de hacerse cargo ella misma de las instalaciones de agua potable en la ciudad. En efecto, no pasará de ser más que una voluntad a medias concretada.
En ese sentido, Donoso expone con mucha claridad y precisión las múltiples etapas por las cuales las autoridades y los vecinos iquiqueños tuvieron que soportar para que la ciudad gozara de un sistema de distribución adecuada del agua potable. No fue una tarea fácil, considerando la falta de respaldo técnico de los diferentes proyectos presentados a la Municipalidad, los cuales muchas veces no satisfacían las exigencias mínimas que asegurasen la viabilidad de las construcciones. Pero, desgraciadamente, fallas humanas y condiciones climáticas y geográficas adversas imposibilitaron que Iquique contara con una adecuada red, a lo que habría que añadir además, según se desprende de las palabras de Donoso, la inescrupulosidad de los comerciantes ingleses que no respetaron las condiciones originales del contrato que les facultaba a explotar y distribuir el agua, aunque, como recalca Donoso, esta situación no les permitía jurídicamente convertirse en un monopolio, aunque de hecho sí lo fue. En cierta manera, Tarapacá Water Works abusó de la falta de fiscalización adecuada y de las deudas que la Municipalidad mantenía con ella, lo que se tradujo finalmente en que la Compañía trabajaba de acuerdo a sus propias necesidades financieras, ignorando la situación legislativa y judicial establecida, infringiendo de esta manera los estatutos corporativos. Es decir, la Compañía actuó abusiva aunque no ilegalmente, sabiendo que si sus obreros dejaban de trabajar los habitantes no podrían disponer de agua, y por ende la productividad en las industrias salitreras se reduciría drásticamente, con los consiguientes perjuicios económicos que eso significa. Por otra parte, esta misma situación generó que la Municipalidad tuviera una actitud más bien sumisa y condescendiente hacia la Compañía, en tanto ésta se supeditaba a las acciones de aquélla. Este tira y afloja constante generó que, luego de una larga seguidilla de desilusiones y tensiones, finalmente la Municipalidad decidiera participar en dicha propuesta como accionista principal, ocasionando una disputa entre el sector público y los inversionistas privados, que eran quienes hasta el momento ejercían en realidad el control de la ciudad, en desmedro de la prácticamente nula incidencia del Estado en asuntos comerciales, administrativos y políticos en Iquique y en otras regiones del país, cuestión que se limitaba a los intereses de un sector reducido de parlamentarios y empresarios que se preocuparon del progreso económico de la ciudad.
Finalmente, luego de actos fallidos que regulasen la extracción y comercialización de los pozos acuíferos, el 24 de octubre de 1908 la Municipalidad promulgó el Reglamento para la instalación y permanencia de empresas de agua potable en Iquique con una serie de disposiciones, de manera de normalizar un ejercicio empresarial que hasta ese entonces carecía de una regulación eficiente. De esta manera, la ciudad de Iquique, un año después de la sangrienta matanza de Santa María de Iquique, disponía ahora de los mecanismos adecuados para que el Estado a través de dicho municipio y los empresarios particulares dotaran de los mejores servicios de agua potable a los habitantes de una ciudad que no podía esperar más la falta de adecuados servicios públicos, acorde a su expansión urbana y a la demanda de los servicios públicos. Pero no sería sino hasta el 12 de abril 1912, cuando el Ministerio de Industrias y Obras Públicas establezca la primera comisión ministerial de agua potable para Iquique con el objetivo de establecer una administración eficiente de parte del Estado. Aquello no era garantía de nada, ni menos para sentirse orgulloso.
Eso sí, tuvieron que pasar muchos años para que se estabilizara la situación, después de la promulgación de una serie de resoluciones y decretos que, a causa de la negligencia y a la falta de escrúpulos de los comerciantes, engrosaban los archivos judiciales de la ciudad. Reafirmando, de paso, que no existía una adecuada regulación administrativa municipal en Chile durante aquellos años (incapaz de hacer frente al crecimiento inesperado de una ciudad pujante) y que, por lo tanto, ésta estaba supeditada a los requerimientos de quienes controlaban la actividad económica y financiera de la región, lo que significa que, en buenas cuentas, en Iquique se desarrollaran caudillismos regionales que podían determinar el curso de los asuntos municipales a su antojo. Pero, por otra parte, mostraba la falta de preparación de las municipalidades chilenas, de sus alcaldes y funcionarios para afrontar con diligencia un asunto que claramente los desbordaba, y del que sólo se sentían entusiasmados de encarar por los beneficios económicos que le reporteaba a Iquique y a sus pueblos aledaños. Las propuestas de algunas inversionistas chilenos y extranjeros como Jorge Porter, Andrés Laiseca, Dixon Provand, Manuel Gallinato Padín, Thomas Hart y Carlos Wurth, pese a las condiciones inmejorables que se les brindaron, técnica y estratégicamente, ninguno supo ni pudo responder ante la confianza depositada en ellos. No pasaron de ser entusiastas inversionistas pero carentes de conocimientos ingenieriles sólidos.
Las quejas de los vecinos no se hicieron esperar por la insalubre condición sanitaria de la región y por la necesidad de estatizar dicho servicio productivo. Los permanentes reclamos iban enfocados en denunciar la nociva calidad del agua, pese a que constantemente en los informes se estipulase que entre los requisitos que debía cumplir la contraparte estaba la de asegurar un producto que no pusiera en riesgo la salud de la población. Considerando la elevada tasa de mortalidad que sufrió la ciudad (y el país en general) a causa de los elevados índices de componentes químicos dañinos del agua, la situación se hizo insostenible. Las autoridades debieron tomar cartas en el asunto, de una manera rápida y eficiente, asegurándole un adecuado consumo familiar a sus habitantes, cada vez más temerosos frente a las epidemias y enfermedades como la peste bubónica, el cólera, el tifus exantemático y problemas intestinales que causaron un gran número de defunciones.
La lucha para derrotar el monopolio -tácito- que detentaba Tarapacá Water Works porsobre el negocio del agua, con las consiguientes intervenciones para revertir dicha situación, provocó durante más de cuatro décadas tensas y prolongadas disputas con la administración local, pero que, sin embargo, tendió a favorecer a los accionistas y funcionarios de dicha empresa, lo que muestra la alianza implícita que existió entre las autoridades locales y dicha empresa, pese a que no siempre ésta cumplía con las normas exigidas, llegando incluso a tergiversar los proyectos comerciales para de esta manera adjudicarse, en confusas condiciones, una determinada licitación. Esta manera de operar, dice Donoso, significó la incredulidad de los habitantes de la ciudad sobre sus dirigentes y también hacia el empresario, en la medida en que el habitante sentía que era estafado por la entrega de un servicio irregular, elevado y desprolijo.
En ese sentido, sólo en algunas oportunidades existió una equivalencia de contenidos y normas entre lo que decían los papeles y lo que se ponía en práctica, posibilitando, más temprano que tarde, que se produjese una necesaria corrección de dicho sistema que operaba sin el necesario control de las autoridades sanitarias. Sin embargo, debido a problemas económicos y a la falta de confianza mutua, la Municipalidad de Iquique, desde que se da cuenta de que el gobierno regional también es capaz de emprender un negocio acuífero sólido, y así aumentar las escuálidas arcas municipales, las emprende en contra de la Compañía, haciéndole la vida imposible. Si anteriormente la Municipalidad beneficiaba a inversionistas extranjeros como John Thomas North -apodado el “rey del salitre”-, que aseguraban un más que relativo bienestar a la población, ahora en cambio prefería mantenerse alejado de esta empresa británica, al considerar que las constantes irregularidades cometidas perjudicaban seriamente el progreso de la ciudad, a la vez que desprestigiaban una ya alicaída reputación de los alcaldes iquiqueños y del sistema burocrático en general. Este proceso obedeció a la flexibilización de los estatutos normativos referentes a la instalación de negocios de extracción de agua a consecuencia de la ineficiencia de Tarapacá Water Works que, a pesar de los beneficios que gozó, no supo capitalizar dichas ventajas, que se tradujeron en regalías de los más variados tipos, ocasionando un creciente malestar entre las autoridades locales y los vecinos molestos por los reiterados atropellos cometidos en su contra, como el alza arbitraria de precios y la falta de higiene del agua.
Pero no sólo existió preocupación por abastecer de agua a la ciudad para solucionar su prolongado problema del abastecimiento. El temor permanente que existió de los incendios, sindicado como una de los grandes males que aquejó a la sociedad iquiqueña durante muchos años, determinó que también se destinaran recursos económicos y esfuerzo humano para la instalación de un sistema de cañerías contra incendios y desagües. El primer proyecto presentado en esta materia fue en 1883, propuesta encargada por el Intendente Francisco Valdés Vergara. Para prevenir desastres se establecieron una serie de reglamentos urbanos. Ante la inexistencia de mecanismos que permitiesen limpiar fecas y orines, se creó un sistema de desagüe que posibilitaría una mejor calidad de vida para sus habitantes, pero que presentó una serie de inconvenientes que dificultaron su adecuado funcionamiento. Las deficiencias del servicio del alcantarillado persistieron durante muchos años, al igual que la contrariedad del abastecimiento del agua potable para sus habitantes, lo que finalmente se transformó en un asunto que requirió de la insistencia de los habitantes y la voluntad de sus autoridades ediles. Ni la creación en 1912 del Servicio Fiscal de Agua Potable de Iquique, organismo que supuestamente se encargaría de solucionar los problemas en esta materia, garantizó un adecuado funcionamiento municipal en la regulación de la extracción y comercialización del agua. Todo quedó, dice Donoso, en las buenas intenciones y en el discurso populista de las autoridades.
La falta de interés durante la ocupación hispana de desarrollar el negocio del agua, potenciando de esta manera el asentamiento humano, significó que no se explotara adecuadamente yacimientos mineros como Huantajaya o que sectores agrícolas como Pica tampoco pudieran beneficiarse de su abastecimiento. Esta situación significó que, debido a los altos precios del producto y a la dificultad de asegurar una determinada cantidad de agua, la ciudad de Iquique y sus alrededores carece del atractivo suficiente para un asentamiento suficiente de seres humanos que le permitiesen proyectarse económicamente. El riesgo y la dificultad de establecerse incidieron para que la provincia de Tarapacá careciese del interés de la institucionalidad burocrática española que prefería dirigir sus intereses hacia la zona centro-sur del país. Esta situación cambiaría con el interés de los particulares que visionariamente se dieron cuenta del potencial comercial que tenía aquella región inhóspita. En definitiva, la trayectoria por la cual tuvo que transitar Iquique hasta disponer de una coordinación en materias higiénicas y de abastecimiento relativamente constituida, podríamos resumirla de la siguiente manera: se pasa de una tierra de nadie, dominada por los inversionistas, a un papel cada vez más preponderante del Estado en los asuntos sociales que anteriormente había descuidado, y de los cuales en muchos casos careció de la facultad para hacerlo.
Santiago Aránguiz Pinto
Universidad Diego Portale